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Alistan sanción contra Jaime Rodríguez por ‘broncofirmas’

  • Jaime Rodríguez y el secretario General de Gobierno, Manuel González son señalados por desvío de recursos del estado para la recolección de firmas para la candidatura presidencial independiente del mandatario estatal

El Congreso de Nuevo León se alista para la próxima semana determinar la sanción que recibirán el gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón y el secretario General de Gobierno, Manuel González en relación con el asunto de las “broncofirmas”.

Será el próximo lunes cuando se dictamine la sanción pendiente en contra del mandatario estatal y González por irregularidades en la recolección de firmas para avalar la candidatura independiente del Bronco a la Presidencia de la República.

La Comisión Anticorrupción, encabezada por Arturo Bonifacio de la Garza, emitió la tarde de este viernes la convocatoria correspondiente.

Fue la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la que emplazó el Congreso local para emitir una sanción en contra de ambos funcionarios.

Ambos son señalados por haber desviado recursos del estado para la recolección de firmas para la candidatura independiente del mandatario estatal en sus aspiraciones presidenciales.

La fecha límite que tiene el Legislativo local para emitir la sanción es el próximo 20 de diciembre por lo que el plazo se agota.

El predictamen circulado contempla la inhabilitación de González por seis años y destitución e inhabilitación para el jefe del ejecutivo estatal.

“En términos de lo establecido por los considerandos, la sanción consiste en: destitución del cargo de Gobernador del estado de Nuevo León e inhabilitación como servidor público por seis años, contados a partir del día hábil siguiente a la aprobación del dictamen”, señala el acuerdo.

Sin embargo, también advierte que, de acuerdo con la resolución dentro del incidente de Suspensión, en la Controversia Constitucional 310/2019, emitida por el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, esta sanción no se ejecutará hasta en tanto se resuelva ese medio de control constitucional.

Por lo que respecta al secretario General de Gobierno y entonces gobernador interino se considera la inhabilitación como servidor público por seis años, contados a partir del día hábil siguiente a la aprobación del dictamen.

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Fuente: Excélsior

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