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Llaman a detener la criminalización de defensores de derechos humanos

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- El 5 de junio, en el contexto de las negociaciones políticas y comerciales entre Estados Unidos y México, fueron detenidos de manera arbitraria Cristóbal Sánchez e Irineo Mujica, en la Ciudad de México y Sonora, respectivamente. Ambos son defensores de derechos humanos de personas migrantes y están siendo acusados de tráfico de personas.

Cristóbal Sánchez es un defensor mexicano de derechos humanos que ha trabajado en temas migratorios durante los últimos 15 años. Fundó el Colectivo de Cultura Migrante y asiste a las caravanas brindando ayuda humanitaria.

Ha colaborado con el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, así como realizando trabajo de campo para un proyecto de la Universidad de Columbia, Nueva York.

Mientras que Irineo Mujica es miembro de Pueblo Sin Fronteras, organización que ha sido sistemáticamente criminalizada por su labor de acompañamiento a diferentes caravanas migrantes.

Posterior a la detención, Cristóbal Sánchez e Irineo Mujica fueron trasladados a Tapachula, Chiapas, donde este miércoles 12 de junio se llevará a cabo la audiencia de vinculación. En dicha audiencia, de comprobarse la no existencia pruebas idóneas y suficientes en contra de Cristóbal e Irineo por los delitos que injustamente se les imputan, el Juez debería dictar auto de libertad por falta de elementos.

“Exigimos a la Fiscalía General de la República que garantice un juicio justo, con atención al debido proceso y con respeto a los derechos humanos, respetando la presunción de inocencia y garantizando que no se usarán las instituciones de procuración de justicia para fabricar pruebas y criminalizar a defensores”, señalan en un comunicado diversas organizaciones sociales.

Asimismo, aseguran que la privación de la libertad de ambos defensores, representa una forma de criminalización contra las personas defensoras de derechos humanos de las personas migrantes, lo que atenta contra el derecho a defender derechos, resultando aún más preocupante en un contexto tan complejo como el que enfrenta la migración en el país.

“Sumado a las detenciones de los defensores, nos preocupa que a partir de los recientes acuerdos alcanzados por el gobierno mexicano con Estados Unidos, se anunció el envío de elementos de la Guardia Nacional en todo el territorio, priorizando la Frontera Sur, con la finalidad de “reducir la migración irregular”, avanzando así en una agenda de militarización en la frontera sur y de criminalización de las personas migrantes y de quienes les defienden y acompañan”, finalizan.

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