Tapachula, Chiapas. – La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía Contra Feminicidio, ha impuesto prisión preventiva justificada a Claudia “N” y Delia “N” por su presunta responsabilidad en el feminicidio de una niña de nueve años en el municipio de Tapachula. El trágico suceso ha generado una profunda indignación y conmoción en la comunidad.
El juez de control, tras valorar los datos de prueba presentados por el Ministerio Público adscrito a la FGE, decidió imponer esta medida cautelar a las imputadas. Según la Fiscalía, el feminicidio fue cometido en agravio de la menor, cuya identidad se mantiene resguardada por razones de seguridad y respeto a la víctima.
Los hechos ocurrieron en Tapachula, donde las investigaciones preliminares apuntan a que Claudia “N”, la madrastra, y Delia “N”, la abuela de la niña, están involucradas en el crimen. La Fiscalía Contra Feminicidio presentó pruebas contundentes que llevaron al juez a determinar la prisión preventiva justificada.
Durante la audiencia, el juez de control aprobó la solicitud de la defensa de las imputadas para duplicar el término constitucional a 144 horas. Este plazo adicional permitirá a la defensa preparar su estrategia legal y al juez evaluar con mayor detenimiento las pruebas y argumentos presentados antes de dictar una resolución final sobre la situación jurídica de Claudia “N” y Delia “N”.
La comunidad de Tapachula y organizaciones de defensa de los derechos de la infancia han expresado su repudio por el feminicidio y exigen justicia para la menor. La FGE ha asegurado que continuará trabajando para esclarecer todos los detalles del caso y llevar a los responsables ante la justicia.
Este caso pone en evidencia la gravedad de la violencia familiar y la necesidad urgente de medidas de protección para los menores. Las autoridades locales y estatales están bajo presión para reforzar las políticas de prevención y respuesta ante casos de abuso y violencia contra los niños y niñas en Chiapas.
La FGE ha hecho un llamado a la sociedad para estar vigilantes y denunciar cualquier acto de violencia contra menores, recordando que la protección de los derechos de los niños es una responsabilidad compartida.
