Desde su creación en 2019, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro ha enfrentado múltiples deficiencias en su diseño, operación, seguimiento y rendición de cuentas, según lo revelado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Durante seis auditorías realizadas entre 2019 y 2023, se detectaron irregularidades, como centros de trabajo inexistentes, pagos a personas fallecidas, duplicidad de apoyos y posibles daños al erario que suman cientos de millones de pesos.
Pese a estas observaciones, este miércoles la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad con 473 votos la reforma al artículo 123 de la Constitución para hacer constitucional el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
En los últimos cinco años, la ASF ha reportado probables daños al erario por más de 178 millones de pesos debido a diversas irregularidades dentro del programa. A pesar de las 71 recomendaciones emitidas por la ASF para mejorar las reglas de operación y las 20 observaciones y 11 promociones de responsabilidad administrativa, el gobierno federal no ha corregido los fallos operativos del programa.
Por ejemplo, en la auditoría 373-DE de 2020, se reveló que en su primer año de operación, el programa no diseñó adecuadamente los mecanismos de difusión y supervisión, además de que operó con personal temporal y careció de una unidad formal para su diseño y seguimiento. Además, en 2019, la auditoría detectó que mil 681 beneficiarios presentaron duplicidades con otros programas gubernamentales.
En 2020, la ASF encontró irregularidades por 57 millones de pesos, incluidos pagos a 68 personas fallecidas y la identificación de centros de trabajo abandonados. La misma auditoría detectó que 3 mil 188 becarios recibieron apoyos al mismo tiempo que tenían una beca de la SEP.
A pesar de las continuas inconsistencias, la reforma aprobada permitirá que jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan reciban una beca mensual de 7 mil 572 pesos durante 12 meses, a cambio de capacitarse en empresas, talleres y otras unidades económicas.