La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ha prohibido el uso del aceite vegetal bromado (BVO) como aditivo alimentario, tras determinar que presenta riesgos para la salud humana, según un comunicado emitido este miércoles.
La FDA explicó que, después de varios estudios realizados en colaboración con los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés), se concluyó que el uso del BVO en la industria alimentaria ya no es seguro.
Efectos perjudiciales del aceite vegetal bromado en las bebidas
El BVO es particularmente preocupante debido a uno de sus componentes, el bromo. El Middlesex Health, asociado a la Clínica Mayo en Estados Unidos, advierte que el bromo puede irritar la piel y las membranas mucosas, incluyendo el revestimiento de la nariz, la boca, los pulmones y el estómago.
La exposición prolongada al bromo puede causar síntomas neurológicos, tales como:
- Dolores de cabeza
- Pérdida de memoria
- Problemas de equilibrio y coordinación
Según informes, personas que consumieron grandes cantidades (más de dos litros al día) de refrescos con BVO han experimentado problemas de memoria y afecciones dermatológicas y nerviosas.
En 2022, un estudio de la FDA encontró que la exposición oral al BVO resultó en mayores niveles de bromo en los tejidos y que, a niveles altos de exposición, la tiroides podría sufrir efectos negativos en roedores.
¿Qué es el aceite vegetal bromado?
El BVO es un aditivo alimentario utilizado para evitar que los sabores cítricos se separen en las bebidas gaseosas y otras bebidas. Su uso como ingrediente alimentario se remonta a la década de 1920 y fue considerado seguro a finales de los años 1950 y principios de los 1960.
Sin embargo, en los años 1960, la FDA comenzó a cuestionar la seguridad del BVO y restringió su uso como estabilizador de aceite aromatizante en bebidas con sabor a frutas a niveles reducidos, regulándolo como aditivo alimentario desde entonces.
Esta reciente prohibición de la FDA subraya la importancia de reevaluar la seguridad de los aditivos alimentarios y proteger la salud pública de sustancias potencialmente dañinas.
