A menos de una semana de que entró en vigor la nueva disposición federal que hace obligatorio el registro de líneas de telefonía celular, comenzaron a proliferar en redes sociales ofertas irregulares que prometen evadir el trámite. Bajo mensajes como “No te quedes sin línea”, vendedores ofrecen chips supuestamente “ya registrados” y listos para usarse, una práctica que contradice el objetivo de la regulación y expone a los usuarios a riesgos legales y de seguridad.
La oferta no se limita a la venta de tarjetas SIM. En algunos casos, los anuncios incluyen servicios aún más graves, como la elaboración de credenciales del Instituto Nacional Electoral (INE) falsas y la generación de datos personales inexistentes, lo que abre la puerta a delitos de suplantación de identidad.
Qué son los chips “ya registrados”
Una revisión de perfiles y anuncios en Facebook permitió identificar la venta de chips de telefonía móvil que presuntamente ya cuentan con un registro previo en el sistema nacional obligatorio. Los vendedores aseguran que el comprador no necesita realizar ningún trámite adicional y que el proceso es “legal”.
Los precios van desde 27 pesos hasta mil pesos por chip, y en varios casos se exige la compra mínima de 10 piezas. La promesa central es evitar que el usuario pierda su línea tras la entrada en vigor de la nueva normatividad.
Dónde se venden y cómo se entregan
La mayoría de los anuncios se concentran en la Ciudad de México, aunque también se detectaron ofertas en el Estado de México y Puebla. En Facebook Marketplace aparecen publicaciones con mensajes que aseguran que los chips ya están activados y que incluso permiten recibir llamadas, mensajes y códigos de verificación de aplicaciones.
Los puntos de entrega suelen ser estaciones del Metro capitalino, donde los vendedores citan directamente a los compradores para concretar la transacción.
Qué ocurre al intentar registrar esas líneas
Tras la compra de chips anunciados como “listos para usarse”, al intentar registrarlos posteriormente en la plataforma oficial, el sistema rechaza el trámite porque los números ya aparecen como previamente registrados. Sin embargo, que una línea figure como registrada no implica que el proceso haya sido legítimo ni que el usuario esté protegido legalmente, ya que los datos pueden corresponder a terceros o ser falsos.
La oferta para evitar dar datos personales
Algunos anuncios van más allá y ofrecen “ayuda” para no proporcionar información al gobierno. Bajo este argumento, los vendedores prometen mantener activa la línea sin cumplir con el registro oficial, lo que constituye un engaño y un riesgo adicional para quien contrata el servicio.
El delito más grave: credenciales del INE apócrifas
En los mismos espacios se detectó la oferta de credenciales del INE falsas, tanto en formato digital como físico. Los precios oscilan entre 450 pesos por un archivo PDF y hasta mil pesos por una credencial impresa. Los vendedores afirman, de manera falsa, que estos documentos cuentan con sellos de seguridad y que incluso “pasan” revisiones técnicas.
Además, aseguran poder utilizar datos reales o inventados y generar una CURP, clave de elector y supuestos registros en el Padrón Electoral y la Lista Nominal, lo cual constituye un delito federal.
Riesgos y advertencias para los usuarios
Especialistas advierten que usar una línea registrada con datos de terceros puede implicar responsabilidades legales si el número se vincula a actividades ilícitas. La posesión o uso de credenciales oficiales falsas, así como la generación de datos personales apócrifos, puede derivar en consecuencias penales.
Ninguna de estas prácticas está avalada por autoridades federales ni por las empresas de telefonía. La nueva disposición busca precisamente reducir delitos asociados al anonimato de las líneas móviles. Evadirla no protege al usuario, sino que lo coloca en una situación de mayor vulnerabilidad.
Ante la presión por no quedarse sin servicio, las autoridades recomiendan realizar el registro únicamente a través de los canales oficiales y desconfiar de soluciones que prometen “saltarse” la ley. Informarse y cumplir con el trámite es la forma más segura de proteger la línea telefónica y la identidad personal.
