El nuevo impuesto propuesto por el Gobierno federal a los videojuegos con contenido violento podría encarecer significativamente los precios de títulos populares, advirtieron especialistas del sector tecnológico y académico. De aprobarse, la medida entrará en vigor en 2026 y afectará principalmente a los juegos con clasificación C o para mayores de 18 años, como Mortal Kombat, Halo y el esperado Grand Theft Auto VI.
La iniciativa contempla un gravamen del 8% sobre este tipo de productos bajo el argumento de proteger la salud y la seguridad de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, expertos aseguran que la medida carece de sustento científico y tendría un impacto directo en los consumidores y en una industria que se encuentra en pleno crecimiento.
Según datos de Competitive Intelligence Unit (CIU), el 61.4% de los mexicanos son gamers, lo que equivale a 72.6 millones de jugadores. Durante la primera mitad de 2025, los ingresos del sector ascendieron a 42 mil 785 millones de pesos, con un crecimiento anual del 3.7%.
El consultor de CIU, Alberto Piedras, advirtió que la aplicación del impuesto repercutirá directamente en los precios:
“Este tipo de medidas no sólo afectan a los consumidores, sino que podrían desacelerar una industria que genera empleo, innovación y aporta cada vez más a la economía digital del país”.
Por su parte, José Ángel Garfias, académico de la UNAM, explicó que los nuevos lanzamientos podrían superar fácilmente los dos mil pesos:
“El próximo año saldrá Grand Theft Auto VI, cuyo precio rondará los 100 dólares. Con el nuevo impuesto, en México podría costar más de 2 mil pesos, cuando antes los videojuegos estaban entre 60 y 70 dólares”.
El impacto no solo sería económico, sino también cultural. Comerciantes y desarrolladores advierten que los videojuegos deben ser reconocidos como una forma de arte moderno, donde convergen música, diseño, actuación y programación.
“Un videojuego es una obra colectiva, un espacio creativo y tecnológico”, señaló Alan, comerciante gamer. “Este impuesto ignora todo el trabajo artístico y técnico que hay detrás”.
Desde la sociedad civil también surgieron críticas. Juan Martín Pérez, de la organización Tejiendo Redes Infancia, señaló que no existe evidencia científica que relacione los videojuegos violentos con conductas delictivas.
“Si eso fuera cierto, Japón tendría los mayores índices de violencia juvenil, y ocurre lo contrario: es uno de los países más pacíficos y con más gamers del mundo”.
Además, estadísticas del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) muestran que siete de cada diez jugadores en México tienen entre 18 y 44 años, por lo que el gravamen no estaría protegiendo al público infantil, como sostiene el argumento oficial.
Aunque el Gobierno insiste en que el impuesto tiene fines de salud y seguridad, analistas estiman que representaría una recaudación marginal —de apenas 183 millones de pesos, equivalente al 0.002% del total proyectado para 2026—, mientras que su costo cultural y económico podría ser mucho mayor.
Fuente: UNO TV
