En las últimas semanas, se han reportado diversos casos en los que ciudadanos han sido llevados en contra de su voluntad a centros de rehabilitación, comúnmente conocidos como anexos, por parte de supuestas “patrullas espirituales”. Estas prácticas, que se han dado a conocer a través de redes sociales y testimonios, han generado gran preocupación entre la población, ya que podrían implicar la privación ilegal de la libertad.
Según el Código Penal en México, ninguna persona puede ser retenida o trasladada sin su consentimiento, a menos que exista una orden judicial o que se trate de una situación en la que la persona represente un peligro para sí misma o para terceros. Sin embargo, diversos testimonios han señalado que estas patrullas, en su mayoría vinculadas a grupos religiosos o espirituales, han actuado de manera arbitraria, levantando a individuos y llevándolos a centros de rehabilitación sin que medie ningún tipo de procedimiento legal.
Aspectos legales y derechos humanos
La privación ilegal de la libertad es un delito grave en México. Cualquier acción que implique el traslado forzoso de una persona a un centro de rehabilitación sin su consentimiento es ilegal, a menos que esté debidamente justificada por la autoridad competente. De acuerdo con la Ley General de Salud y otros ordenamientos legales, los ingresos a centros de rehabilitación deben realizarse de manera voluntaria o bajo orden judicial cuando las circunstancias lo ameriten, como en el caso de personas con problemas graves de adicción que ponen en peligro su vida o la de los demás.
Diversas organizaciones de derechos humanos han alzado la voz en contra de estas prácticas, exigiendo que se investigue a los grupos que están llevando a cabo estos operativos irregulares. También han exhortado a las autoridades a garantizar que los derechos de los ciudadanos sean respetados en todo momento y a no permitir que se realicen actos que violen la libertad y la integridad de las personas.
Recomendaciones para la población
Ante este tipo de situaciones, las autoridades recomiendan a la población que esté alerta y denuncie cualquier acto que implique la privación de la libertad de una persona sin el debido proceso legal. Además, se insta a los familiares de personas que padecen problemas de adicciones o trastornos mentales a buscar alternativas legales y profesionales para el tratamiento de sus seres queridos, evitando caer en manos de grupos que no operan conforme a la ley.
Cualquier ciudadano que se vea envuelto en una situación similar o que sea testigo de una detención forzosa debe acudir a las autoridades correspondientes para interponer una denuncia. El respeto a los derechos humanos es fundamental en cualquier proceso de rehabilitación, y ninguna institución, por muy noble que sea su causa, puede actuar fuera del marco legal.