El Servicio de Administración Tributaria (SAT) desempeña un papel fundamental en el ámbito fiscal, encargándose principalmente de la recaudación de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos federales. Su labor también abarca garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes, además de facilitar el proceso mediante la concesión de estímulos fiscales y la simplificación de trámites.
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En caso de que un contribuyente no cumpla con sus obligaciones fiscales, el SAT tiene la facultad de tomar medidas legales, incluido el embargo de bienes, según lo establecido en el Código Fiscal de la Federación. Este procedimiento, conocido como procedimiento administrativo de ejecución, puede aplicarse si los adeudos no se regularizan en un plazo de 30 días hábiles.
Durante este proceso, el SAT está autorizado para embargar diversos bienes, como dinero, joyas, depósitos bancarios y otros activos relacionados. Sin embargo, existen excepciones y limitaciones en cuanto a los bienes susceptibles de embargo.
Por ejemplo, ciertos bienes están protegidos de embargos debido a su carácter esencial para el deudor y su familia. Esto puede incluir muebles de uso indispensable, libros, instrumentos y mobiliario necesario para el ejercicio de la profesión, arte u oficio del contribuyente.
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Asimismo, la ley establece que ciertos activos no pueden ser embargados por el SAT. Entre ellos se encuentran los sueldos, salarios y pensiones, así como los derechos de usufructo, uso o habitación. Además, existen activos específicos protegidos por disposiciones legales, como los depósitos en cuentas individuales de ahorro para el retiro, conforme a lo estipulado en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
En resumen, si bien el SAT tiene la facultad de embargar bienes en caso de incumplimiento tributario, existen salvaguardas legales que protegen ciertos activos esenciales y derechos fundamentales de los contribuyentes.
