TikTok ha tomado una medida drástica en su batalla contra una ley del Congreso de Estados Unidos. La popular plataforma de videos presentó una demanda en un tribunal del distrito de Columbia para bloquear una legislación que amenaza con prohibir la aplicación en todo el país si sus propietarios se niegan a vender las operaciones de la red social.
La decisión de emprender acciones legales surge después de que el Congreso estadounidense aprobara una ley que exige a ByteDance, el conglomerado tecnológico chino detrás de TikTok, vender las operaciones de la aplicación en el país o enfrentar una prohibición.
En la demanda, TikTok argumenta que el Congreso ha tomado una medida sin precedentes al apuntar específicamente y prohibir la plataforma, que es un espacio vital de debate y expresión utilizado por 170 millones de estadounidenses para crear, compartir y ver videos en línea.
La empresa califica la legislación, conocida como la ‘Ley para proteger a los estadounidenses de las aplicaciones controladas por adversarios extranjeros‘, como “una afirmación de poder extraordinaria e inconstitucional“. Esta ley obligaría a TikTok a cerrar en Estados Unidos antes del 19 de enero de 2025.
La demanda también argumenta que la implementación de esta ley sería fundamentalmente contraria al compromiso de la Constitución de EE.UU. con la libertad de expresión y la libertad individual.
Por lo tanto, TikTok solicita al tribunal emitir una sentencia declarando que la ley viola la Constitución, prohibir al fiscal general aplicarla y dictar una sentencia a favor de la plataforma, junto con cualquier otra reparación adecuada.
Desde abril, ByteDance ha tenido 270 días para encontrar un comprador para TikTok fuera de países catalogados como “adversarios extranjeros”, algo a lo que se ha negado hasta el momento.
El documento legal de TikTok también aborda las preocupaciones de que China pueda obtener información sobre los usuarios en Estados Unidos a través de ByteDance y manipular la opinión pública, argumentando que estas preocupaciones no justifican una acción legislativa que viola los derechos constitucionales fundamentales.
